El Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas de Gran Canaria considera probado que el 14 de agosto de 2001 la mujer ingresó de parto. A la mañana siguiente fue asistida por una médico residente, con supervisión de su adjunta. Durante el alumbramiento se utilizaron fórceps porque se detectó sufrimiento fetal. Además, se produjo una hemorragia abundante y el desprendimiento prematuro de la placenta. A pesar de ello, la paciente no fue examinada para comprobar si se había producido la rotura del útero -tal y como sucedió por el uso de fórceps-, y conocer el origen del sangrado para poder tratarlo.

Las dos médicos dejaron a la mujer a las 7,40 horas en la sala de puerperio con un cuadro de tensión alarmante, taquicardia, palidez, sudor frío y síntomas claros de una hemorragia que precisaba un tratamiento adecuado como transfusión de sangre, exploración cardiorrespiratoria y tenerla en observación, según detalla la sentencia.

El jefe de servicio que estaba de guardia aquel día fue informado del parto, del sangrado y del desprendimiento de la placenta, así como de los síntomas que presentaba la paciente, pero la mantuvo en la sala de puerperio sin realizar exploración alguna. A las 8,03 horas de la mañana, dada la gravedad de la mujer, los médicos acudieron y aplicaron el tratamiento, pero ya era tarde.

Uno de los condenados se encuentra ahora en Camerún tras haber sido evacuado del Chad, donde estaba cooperando en un hospital de este país.

La resolución judicial condena a los médicos, además de a dos años de prisión, a inhabilitación para ejercer la profesión durante cuatro años y a pagar a los hijos y familiares de la fallecida más de 300.000 euros junto a la aseguradora como responsable civil directa, y como subsidiario el Servicio Canario de Salud.

La vía penal, poco habitual
El Derecho Penal se rige por el principio de intervención mínima, que implica que sólo actuará en aquellos casos que sean realmente graves y puedan constituir un delito o falta. Las consecuencias que la vía penal puede tener para el acusado son de gran calado, ya que si se le considera culpable puede cumplir penas de cárcel e inhabilitación. En algunas ocasiones jueces y tribunales penales condenan a facultativos por imprudencia profesional, pero no es frecuente. Un juicio que se celebre por esta vía ofrece mayores garantías para el acusado y exige pruebas concluyentes que destruyan el principio de presunción de inocencia.